LA TRISTE REALIDAD EN EL AÑO DE 1780

 

El Presidente José García de León y Pizarro, en carta dirigida al ministro Gálvez, se expresaba  así: “Cerrados los obrajes y separados los indios que se ocupaban de ellos, no tienen, con que pagar sus tributos: se atrasa o no se hace la cobranza, como lo acreditan más de cien mil pesos que se deben al Rey, de este ramo, en solo estos diez o doce últimos años”.

Huyendo del apremio los indígenas desertan de sus pueblos, dejan a sus mujeres e hijos, estos mueren de necesidad y se aminora o acaba una raza tan importante para el estado. Tal era la situación, pintada desde un punto de vista netamente oficial, y sin contar otros graves detalles, por parte de un propio servidor del Rey de España.

Y sobre esto llego la prohibición para la destilación y expendio por particulares del aguardiente, y el impuesto de las alcabalas. En Quito, según se indicó, ya se habían levantado. Pero la protesta de los pueblos de Tungurahua tuvo los visos de franca insurrección, castigada con la crueldad característica de los españoles.

Don Antonio Solano de la Sala, Visitador Subdelegado, llego a Ambato en Diciembre de 1779 hacer promulgar y cumplir el establecimiento de las alcabalas y estancos de aguardientes. El diez de Enero de 1780 publico el bando en la parroquia de Pelileo, pero en el mismo acto de las  publicaciones se irrito el pueblo, se armaron, especialmente las mujeres con palos y piedras y lanzándose sobre el escribano se apoderaron del decreto y lo hicieron pedazos.